La Red de personas cuidadoras de mujeres privadas de la libertad de Chocó, es una instancia acompañada por la Corporación Humanas con el fin de fortalecer las capacidades de acompañamiento hacia las mujeres privadas de la libertad, brindar asesoría psicosocial y jurídica y generar intercambios de experiencias entre familiares y círculos de apoyo.
Una de las motivaciones para la creación de esta red fue el traslado de las mujeres recluidas en el centro penitenciario Anayancy de Quibdó a la cárcel de El Pedregal en Medellín generando desarraigo del territorio y barreras para el encuentro familiar.
La situación de cárcel transforma la vida de las mujeres de sus familias y círculos de apoyo, pero una cárcel lejos de casa genera mayores afectaciones, tales como el desarraigo, sin tener acceso a la visita de sus familiares y violación al principio de igualdad.
Francisca Córdoba, madre de una de las internas chocoanas, explicó así su experiencia como integrante de la red. “Una red de familiares de personas privadas de la libertad, desde mi perspectiva como familiar de una mujer privada de la libertad, significa tener un apoyo de personas con las cuales compartimos los mismos sentimientos y las mismas necesidades. También significa un ambiente de solidaridad y comprensión para no sentirnos solos. La red es importante para el departamento del Chocó porque ha permitido visibilizar la situación de vulnerabilidad como se encuentran las personas privadas de la libertad y su núcleo familiar”.
Angélica Beltrán, coordinadora de la línea Mujeres en Cárceles y Libres de la Corporación Humanas, explicó que “debido a los roles de género históricamente asignados, las mujeres se vinculan a actividades criminales por móviles diferentes a los hombres, relacionados con la carga de cuidado y la feminización de la pobreza; así mismo, la vida en la prisión y el impacto familiar y comunitario es particular. Se requiere un abordaje diferencial al momento de comprender y atender la problemática de privación de la libertad de las mujeres”.
Dentro de las mayores afectaciones, Beltrán destacó las psicosociales: “por el impacto derivado de estar lejos de sus núcleos familiares, dado que el 95 por ciento de las mujeres en cárceles son madres y, más del 75 por ciento de ellas además son madres cabeza de familia en el momento en que fueron capturadas. Así también el impacto económico para las familias”.
Por su parte, Beltrán resaltó que “Las personas cuidadoras de mujeres privadas de la libertad están asumiendo el deber de protección que el Estado no ha podido asumir. En este sentido, se encargan de enviar medicamentos, abrigo, alimentación suplementaria, entre otros insumos básicos para la supervivencia de las personas en condiciones de dignidad. Según las integrantes de la red, en promedio se gastan 10 horas a la semana en actividades directamente relacionadas con el cuidado de las personas privadas de la libertad, esto sin contar las labores de sostenimiento del hogar que asumieron una vez la persona fue capturada”.
Por ello, con el acompañamiento de la Corporación Humanas, en el marco del proyecto Reglas de Quibdó también se espera que la red fortalezca la interlocución con las instituciones y la concertación de diferentes acciones para garantizar los derechos de la población carcelaria.
“En Colombia llevamos veintiséis años en un Estado de Cosas Inconstitucional en prisiones, y sobre las que aún no se han presentado acciones efectivas para superarlo”, señaló Angélica Beltrán quien valoró la creación de la red también como una oportunidad de vocería de los familiares en prisión.
En el momento en que una persona pierde su libertad no debe perder los demás derechos como: la educación, la salud, el trabajo. Al contrario, deben ser garantizados incluso en centros penitenciarios.
La violación de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en cárceles, en relación con la salud menstrual, la anticoncepción, las visitas conyugales y muchos otros derechos que para las mujeres presentan mayores barreras.
“Es por todo esto que estamos haciendo un llamado a las instituciones y, especialmente al INPEC, para que puedan ocuparse de esta situación y poder garantizar efectivamente los derechos más allá de la simple generación de nuevos cupos. Más bien, que pueda implementarse la ley de utilidad pública la cual concede beneficios a las mujeres privadas de la libertad en consideración de los aspectos diferenciales del fenómeno penitenciario”, destacó Beltrán.
Ley de utilidad pública, un camino de restauración.
En el año 2023, la ley de utilidad pública tenía contemplado que 2000 mujeres pudieran salir de la cárcel y cumplir sus penas en detención domiciliaria, pero a la fecha solo se ha logrado el acceso de 71 mujeres a los beneficios de esta ley.
Sancionada el 8 de marzo de 2023 por el presidente Gustavo Petro, se reconoce como una acción afirmativa para garantizar los derechos de las mujeres que han sido históricamente discriminadas. Además, como lo afirma el Ministerio de Justicia, se trata de la primera norma que contempla la posibilidad de ejecutar una sanción penal de manera restaurativa, en donde la pena se traduce en actividades de impacto social para resarcir el daño.
No obstante, la interpretación de los jueces con enfoques restrictivos y la estigmatización han sido factores que no permiten avances.
Reglas de Quibdó cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y se realiza en colaboración de la Plataforma Unitaria de Violencia de Género.