Violencias contra las mujeres y DDHH en Montes de María

Montes de María es una región conformada por 15 municipios, en 2 departamentos: Sucre y Bolívar. En el Acuerdo de Paz fue priorizada como una región para la implementación de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), reconociendo el impacto que el conflicto armado tuvo en este territorio y la necesidad de transformaciones estructurales para la construcción de la paz.

Ahora, los y las habitantes de Montes de María, luego de unos años de relativa calma, son testigos de nuevos desplazamientos forzados, amenazas y homicidios; estos hechos ocurren al mismo tiempo que la presencia del Estado en la subregión se desvanece, en medio de aislamientos obligatorios, toques de queda y un sinfín de medidas sanitarias para contener el virus, que han dejado a la población sumida en la pobreza y la desprotección.

Este documento busca mostrar el panorama de los derechos humanos de las mujeres y niñas en la subregión de Montes de María.

El Informe está organizado en seis capítulos. El primero, será una presentación de la subregión haciendo referencia a sus características sociodemográficas y territoriales. En el siguiente capítulo, mostraremos las estadísticas sobre las victimizaciones cometidas contra por las mujeres durante el conflicto armado según el Registro Único de Víctimas con corte a 31 de marzo de 2021. 

Para el tercer apartado, presentaremos información sobre las vulneraciones al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Para ello daremos cuenta de la violencia intrafamiliar y de pareja, las violencias psicológica, económica, sexual, física y letal contra las mujeres en la subregión. En el cuarto capítulo abordaremos la situación de los derechos de las mujeres a la educación, el empleo, la tierra, la salud y la participación política. Finalmente, analizaremos la respuesta que las entidades gubernamentales y estatales les están dando a esas formas de violencia de género en los municipios montemarianos. En el sexto y último capítulo, a manera de conclusiones, recapitularemos los aspectos centrales planteados a lo largo del documento. 

Algunas cifras importantes

Conflicto armado 

La población de Montes de María ha sido una de las más afectadas por el conflicto armado. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), a 31 de marzo de 2021, 1.857 mujeres fueron víctimas de violencia sexual; 471.672 personas de desplazamiento forzado; 315 mujeres fueron víctimas directas de homicidio (8,3% del total) y 7.658 víctimas indirectas (58,2%); 60 mujeres fueron víctimas directas de desaparición forzada (8,1% del total) y 1.367 fueron víctimas indirectas de esta violación a los derechos humanos (58,9%). Entre 1995 y 2002, 491 personas fueron asesinadas en una masacre (FUCUDE et al, 2020).

Las mujeres no solo han sido víctimas de todos los actores armados que hicieron presencia en el territorio, sino también de la violencia basada en género por parte de familiares y conocidos, entre otros hombres no armados.

Violencias basadas en género 

El 82,9% de los 282 exámenes médico legales por violencia al interior de la familia, llevados a cabo en 2018 por hechos ocurridos en Montes de María, fueron practicados a mujeres y niñas; para el 2019 se registró un 78,6% de 244 casos. Estos porcentajes son superiores a los nacionales en 6,6 puntos en 2018 y en 2 puntos en 2019.

En 2018, las tasas de violencia al interior de la familia hacia las niñas y adolescentes en San Jacinto (87,87), El Carmen de Bolívar (53,39), María la Baja (43,58) y Morroa (41,68) fueron superiores a las de los departamentos de Bolívar (29,25) y Sucre (31,55) (INML, 2019a, pp.149 y 155).

Respecto a los agresores, la mayoría de las mujeres víctimas de violencia al interior de la familia en Montes de María (69,2% en 2018 y 72,3% en 2019) experimentaron este tipo de violencia a manos de sus parejas y exparejas (INML, 2020b), siendo en 2018 el mayor agresor el compañero sentimental (56,5%) seguido por el ex compañero (34,5%). 

En esta subregión, según los datos del Instituto Nacional de Salud, 24,3% de los hechos de violencia contra las mujeres que llegan a las instituciones de salud corresponden a violencia sexual, mientras que 1,4% corresponden a violencia psicológica (DNP, DANE y UNFPA, 2020). Si bien no hay cifras sobre violencia económica, los testimonios de las mujeres montemarianas evidencian que esta es frecuente. 

La violencia sexual afectó, proporcionalmente, a más mujeres en Montes de María que en el territorio nacional, ya que durante el 2018 se realizaron 192 exámenes medico legales a mujeres y niñas por presunto delito sexual, que corresponden al 90,5% del total practicados en esta subregión, es decir, 4,9 puntos más que el porcentaje nacional de mujeres y niñas; y en 2019, los 140 exámenes practicados a mujeres y niñas representaron el 88% del total de la subregión, 2 puntos porcentuales arriba del nacional (INML, 2020b). 

Con la llegada de la pandemia del COVID-19 y los confinamientos obligatorios decretados, hubo un aumento en la violencia contra las niñas y mujeres al interior de sus hogares. En Montes de María, la sensación de desprotección continuó aún después de terminados los aislamientos preventivos. 

En general, la violencia afecta más a hombres que a mujeres; en 2018, de los 404 casos de exámenes por violencia física, 107 fueron a mujeres, lo que corresponde al 27,3% del total; sin embargo, en Chalán y Zambrano los porcentajes son considerablemente más altos (50% y 40% respectivamente).Estas cifras aumentaron para el 2019, pues del total de 427 exámenes, 29,7% fueron a mujeres; en esta oportunidad, los municipios con mayor porcentaje de mujeres víctimas de violencia sexual fueron San Jacinto y Morroa con 45,9% y 44,4% mujeres víctimas. La mayoría de las mujeres víctimas no se reconocen étnicamente: 88,8% en 2018 y 92,1% en 2019. Por último, entre 2018 y 2019, 9 mujeres fueron asesinadas, de las cuales el INML consideró que 3 fueron feminicidios (INML, 2020a). 

Derechos humanos de las mujeres 

Adicionalmente, las mujeres en los Montes de María experimentan discriminaciones en el acceso a educación, salud, empleo, tierra y participación política. Esas discriminaciones se profundizan en aquellas que están en una situación de pobreza, para quienes son racializadas, para las víctimas del conflicto armado y para quienes viven en las zonas rurales. 

En cuanto a la educación, alarman los niveles de analfabetismo en las zonas rurales, puesto que alcanzan el 45% de los hogares; y respecto al nivel de empleo, la informalidad se acerca al 90% en Montes de María (DANE, 2020a) con una brecha de desempleo entre hombres y mujeres de 4,1 puntos porcentuales en Bolívar y 10,8 en Sucre (DANE, 2020c). 

Con relación al acceso a la tierra, se observa un acumulado histórico de desconocimiento de la titularidad en cabeza de las mujeres, de tal suerte que el 76,4% de las Unidades de Producción Agropecuaria figuraban como propiedad o administradas por un hombre y sólo 23,6% por una mujer (DANE, 2014). 

A ello, se le suma el despojo de tierras por parte de todos los actores armados que no ha sido revertido con la implementación del Acuerdo de Paz. Según el Visor General del Observatorio de Tierras Rurales de la Agencia Nacional de Tierras, en materia de restitución de tierras, desde 2017 en todo el departamento de Bolívar no se había entregado ni una sola hectárea de tierra y en Sucre no constan procesos desde 2015. Desde 2016 hasta septiembre de 2020, se había regularizado la tierra de 2.198 campesinos y campesinas, correspondiente a 3.579 ha. Y en materia de adjudicación, han sido entregados 1.609 baldíos que suman en total 956 ha, con un promedio de 0,59 ha por propietaria/o (ANT, 2020a); el tamaño de los predios adjudicados en Sucre está muy por debajo de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) del departamento, calculada entre 36 y 49 hectáreas (Secretaría de Desarrollo Económico de Sucre, 2020). 

El acceso a la salud se ve limitado, principalmente, en la salud sexual y reproductiva con cifras alarmantes como la mortalidad materna de 2018 en San Onofre, que fue 37,5 veces mayor a la nacional (Ministerio de Salud, 2020). Los embarazos a temprana edad con una Tasa Específica de Fecundidad 15 veces más alta que la nacional en adolescentes entre los 15 y 19 años; y especialmente preocupante en niñas entre los 10 y 14 años, cuyos embarazos exceden también la cifra en el resto del país y son evidencia de violencia sexual (DNP, DANE y UNFPA, 2020). 

Por su parte, el acceso de las mujeres a la participación política en escenarios formales se encuentra restringida, sin embargo, los procesos de organización de base y de liderazgos de las mujeres son muy fuertes en los Montes de María. 

Todas estas discriminaciones se agudizaron con la llegada de la pandemia por la COVID-19, las mujeres montemarianas incrementaron el número de horas dedicadas a las labores del hogar y a las de cuidado, particularmente de familiares enfermos, niñas y niños con necesidades de apoyo escolar; además, muchas perdieron sus empleos o dejaron de recibir ingresos, asimismo sus derechos sexuales y reproductivos se vieron más limitados y estuvieron más expuestas a violencias dentro del hogar y a amenazas por sus liderazgos. 

La respuesta institucional frente a estas violencias en la subregión es deficiente, no solo por la falta de recursos económicos, humanos y físicos sino por el desconocimiento sobre las violencias basadas en género, el marco legal nacional e internacional de protección, así como prejuicios y estereotipos que pueden llevar incluso a la revictimización de las víctimas de violencia que buscan protección en ella.

La ausencia de recursos es difícil de superar debido a que todos los municipios de la subregión son de sexta categoría y con una arquitectura institucional que no garantiza la protección ni satisfacción del derecho a la justicia y a vivir una vida libre de violencias. Esta falencia, es aún mayor en las áreas rurales en la que vive el 44% de la población; ya que si bien hay brigadas para atender estas áreas, la confianza con las víctimas se ve reducida cuando están acompañadas por los militares y la policía. 

La violencia contra las mujeres no es atendida como un asunto de derechos humanos sino familiar, por lo que son las Comisarias de Familia las que terminan, casi que exclusivamente, conociendo de estos casos. El poco personal que atiende las violencias contra las mujeres considera que las víctimas son responsables de lo que les sucede; adicionalmente, no está adecuadamente capacitado, no tiene claridad sobre los enfoques de interseccionalidad, no cuenta con protocolos para la atención de víctimas, no conoce las medidas de atención en salud que establece el decreto reglamentario de la Ley 1257; ni guarda la confidencialidad debida. Finalmente, los espacios de atención no permiten la intimidad necesaria para las víctimas. 

El panorama se complejiza aún más, dado que en los municipios montemarianos existen altos niveles de pobreza, que afectan de forma desproporcionada a las mujeres rurales, quienes deben costear el desplazamiento a los cascos urbanos. 

Los sistemas de registro no son útiles para cualificar la atención ni para aplicar enfoques diferenciales que prioricen a las mujeres que son víctimas de conflicto armado y víctimas de violencia en el ámbito doméstico o para prestar atención especializada a mujeres indígenas o a personas LGBTI; este registro, tampoco es utilizado para garantizar articulación institucional o para hacer seguimiento a la situación de las víctimas hasta que cese el riesgo para su vida. 

Las falencias institucionales a las que nos hemos referido, profundizan el abandono en el que el Estado colombiano ha dejado a las mujeres en los Montes de María. No en vano, en la subregión existe tan baja credibilidad en la respuesta que dan las entidades públicas a la población y, particularmente, en los esfuerzos que hagan para proteger a las mujeres que están siendo violentadas.

 

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