En Colombia, después de más de sesenta años de conflicto armado, donde seis millones de víctimas reclaman verdad, justicia y reparación, la impunidad sigue siendo una constante y el derecho de acceso a la justicia para las víctimas en general y para las mujeres en particular sigue sin ser garantizado.
La academia, la institucionalidad pública y las organizaciones de mujeres, hemos adelantado esfuerzos por visibilizar las demandas de las víctimas, asumiendo la representación jurídica de mujeres que han sufrido el flagelo de la violencia. A pesar de que la misma se ha llevado a cabo desde un enfoque de derechos humanos de las mujeres, como herramienta que
contribuye a garantizar su acceso a la justicia y a la erradicación de la impunidad en delitos que las afectan particularmente, tales esfuerzos han resultado insuficientes ante un universo de víctimas que aumenta y que no ve respuesta a sus derechos.
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