El pasado 14 de julio de 2021, la Presidencia de la República presentó ante el Congreso dos objeciones de
constitucionalidad frente al Proyecto de Ley 093 de 2019 (Senado)/ 498 de 2020 (Cámara), a través del cual
el legislador aprobó la creación del servicio de utilidad pública como pena alternativa para mujeres cabeza
de hogar condenadas por varios delitos leves. La primera de ellas argumenta que el proyecto es
inconstitucional por brindar este beneficio a los delitos de hurto calificado y agravado, los delitos de drogas
y aquellos que hayan sido sancionados entre 6 y 8 años de prisión, mientras que la segunda considera que
contraría los derechos de niños, niñas y adolescentes por limitar este beneficio a mujeres cabeza de hogar,
excluyendo a hombres en la misma situación.
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