Los conflictos armados de Colombia y Guatemala fueron de los más extensos y violentos de América Latina. La violencia sexual fue utilizada como arma de guerra para someter a las mujeres y las comunidades al control y el miedo, además existieron formas múltiples de violencia sexual y los perpetrados actuaron con absoluta impunidad. Con el paso del tiempo muchas de las sobrevivientes de violencia sexual durante los conflictos armados de ambos países están rompiendo el silencio y empezando a exigir justicia; además demandan acciones contundentes para evitar que estos hechos se repitan y terminar con la violencia contra niñas y mujeres en el presente.
En Colombia, el conflicto, que parecía llegar a su fin con la firma del Acuerdo de Paz, duró seis décadas (1960-2016) y confluyeron diversos grupos armados – guerrilleros, y paramilitares, varios vinculados al narcotráfico – con las fuerzas armadas del Estado Colombiano. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) registró que 218,094 personas murieron, hubo 27,023 víctimas de secuestro, 11,751 víctimas de masacres, 25,007 víctimas de desaparición forzada, 5,712,506 víctimas de desplazamiento forzado, y 1,754 víctimas de violencia sexual (CNMH, 2012). En Guatemala, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico -CEH, estableció que durante el conflicto armado (1960-1996) murieron más de 200,000 personas, hubo 45,000 desaparecidos y más de un millón de desplazados internos. Estimó que en promedio el 75% de las víctimas directas de todos los crímenes (ejecuciones arbitrarias, torturas, privación de libertad) fueron hombres y 25% fueron mujeres. Sin embargo, en el caso de la desaparición forzada, el 88% fueron hombres y 12% mujeres. En el caso de violencia sexual el 99% de las víctimas fueron mujeres, y el 88.7% mujeres mayas (CEH, 1999: 19).
En ambos países, la firma de los Acuerdos de Paz fue positiva, pero la violencia en general y la violencia sexual continúan afectando la vida de las mujeres, particularmente las mujeres indígenas para el caso de Guatemala y las mujeres rurales en Colombia. Continúa habiendo territorios con gran conflictividad, y la violencia sexual sigue siendo utilizada como un mecanismo para ejercer control y miedo sobre las mujeres y sus comunidades. Así mismo, los procesos de justicia por hechos de violencia sexual en contextos de conflicto en ambos países han dejado lecciones aprendidas importantes y se han sentado sentencias históricas e innovadoras. Sin embargo, los niveles de impunidad siguen siendo altos. Como declaró el Secretario General de las Naciones Unidas en 2020, con motivo del 15 aniversario de la aprobación del principio de la responsabilidad de proteger y la prevención del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, “las violaciones sistemáticas y graves de los derechos humanos, la impunidad generalizada, el discurso del odio, la exclusión y la discriminación podrían aumentar el riesgo de que se cometan crímenes atroces, entre ellos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad” (Naciones Unidas, 2021:2).
Este Policy Paper tiene el objetivo de identificar buenas prácticas de políticas y medidas de prevención de la violencia sexual y violencia contra niñas y mujeres en países postconflicto, en base a las experiencias de Guatemala y Colombia. Estas pueden aportar al diseño e implementación de medidas de prevención de la violencia sexual. El documento fue elaborado en base a estudios de caso en cada país por organizaciones integrantes de Global Action Against Mass Atrocity Crimes GAAMAC, en la Iniciativa de las Américas siendo la Corporación Humanas en Colombia, e Impunity Watch en Guatemala.
Este documento está organizado en cuatro capítulos, el primero sobre la violencia sexual, su uso en los contextos de guerra y como atrocidad, el segundo sobre las medidas que se han implementado desde los Estados y la sociedad civil, y el tercero sobre las lecciones aprendidas y por último un capítulo con recomendaciones.