Las mujeres de las Américas están siendo encarceladas por delitos menores y no violentos relacionados con las drogas a un ritmo alarmante. En Argentina, Brasil y Costa Rica, más del 60 por ciento de la población carcelaria femenina de cada país está encarcelada por delitos relacionados con drogas; en Ecuador, la cifra supera el 80 por ciento. La población carcelaria total en América Latina ha crecido también, aumentando hasta un 130 por ciento entre 2004 y 2013 para los hombres y mujeres en conjunto. Las políticas que han llevado a este aumento de la prisión han destrozado familias y perjudicado la posibilidad de que las mujeres puedan encontrar un empleo decente y legal una vez que terminan su condena y son puestas en libertad, lo que perpetúa el círculo vicioso de la pobreza, tráfico de drogas y el encarcelamiento.
El encarcelamiento de mujeres madres y cuidadoras en particular puede tener consecuencias devastadoras para sus familias y comunidades. Muchas de ellas tienen poca o ninguna educación, viven en condiciones de pobreza y son responsables del cuidado de dependientes niños/as, jóvenes y ancianos/as. A pesar de que llevan la peor parte de las políticas injustas y excesivamente represivas, estas mujeres rara vez son una verdadera amenaza para la sociedad; la mayoría son detenidas por realizar tareas de bajo nivel pero de alto riesgo. Muchas han sido detenidas por la distribución de drogas a pequeña escala como una manera de sobrevivir a la pobreza o como resultado de la coacción de una pareja o familiar.
Con este contexto el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), Dejusticia y WOLA en colaboración con la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID) y la Corporación Humanas Colombia abordan el tema de mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas, mediante un grupo de trabajo integrado por abogados/as e investigadores/as sobre temas de mujeres y políticas de drogas a fin de promover la protección de los derechos de este grupo vulnerable y acabar con la criminalización injusta de personas que han cometido crímenes no violentos relacionados con drogas.