El pasado 12 de enero el presidente Iván Duque decidió reemplazar a las ministras del Interior y de Cultura por dos hombres: Daniel Palacios y Felipe Buitrago, respectivamente, en lugar de mujeres. Desde ese día está incumpliendo la Ley 581 de 2000 o Ley de Cuotas.

Por eso, Dejusticia, Sisma Mujer, Humanas y la Red Nacional de Mujeres demandamos ante el Consejo de Estado la elección de Palacios, de Buitrago y del siguiente nombramiento en el gabinete: Diego Molano, Ministro de Defensa. Por la misma razón, demandamos también la elección de Víctor Muñoz como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Estos cuatro nombramientos violan claramente la Ley de Cuotas, que establece que al menos el 30% de los altos cargos de decisión del Estado deben ser ocupados por mujeres. Esta norma aplica tanto para el gabinete ministerial como para los departamentos administrativos, dos categorías en las que hoy no se llega a ese porcentaje mínimo de participación femenina.

A pesar de que las mujeres representan un poco más de la mitad de la población en Colombia, hoy el país cuenta con solo cinco ministras de un total de 18 ministerios, es decir un 27,7%. Este año, el Presidente tuvo tres oportunidades para nombrar mujeres, cuando hizo cambios en las carteras de Defensa, Interior y Cultura; sin embargo, volvió a elegir hombres, alejándose así del gabinete paritario que prometió al iniciar su gobierno. 

El panorama en los departamentos administrativos es más grave, pues solo uno de seis cargos está ocupado por una mujer: Susana Correa en el DPS. Esto es apenas el 16% de participación femenina. 

En estas cuatro demandas le hacemos tres solicitudes al Consejo de Estado: que anule los decretos que designan a estos funcionarios en sus cargos, suspenda sus nombramientos y le ordene al Presidente hacer nuevos nombramientos que cumplan con la Ley de Cuotas.

Diana Esther Guzmán, subdirectora de Dejusticia, explica los objetivos de estas demandas. “Primero, esperamos que lleguen más mujeres ministras y directoras de departamento al gobierno nacional. Esta es una deuda pendiente con la igualdad de género y con las mujeres. Segundo, buscamos que el gobierno cumpla con la ley y por tanto respete la cuota”.

El riesgo de incumplir la Ley

La Ley de Cuotas fue expedida por el Congreso hace 20 años con el propósito de lograr una participación igualitaria de las mujeres en todos los niveles del poder público.  De esta manera, reconociendo la desigualdad que históricamente ha afectado a esta población, nació como una herramienta de acción afirmativa para ayudar a superarla. 

Por eso, incumplir la Ley de Cuotas, como lo hace el Presidente, no es una simple falla administrativa. Es un riesgo de retroceso para la igualdad de las mujeres en el ámbito de la participación política. 

“La excusa no puede ser que no hay mujeres; ¡mujeres sí hay!, un ejemplo de eso es que tenemos más doctoras que doctores y que hay muchas mujeres en las universidades. Aunque nuestra apuesta hoy es por la paridad (50% hombres-50% mujeres), lo mínimo es cumplir esta norma del 30%. Las leyes son para cumplirlas siempre y la Presidencia de la República debería ser un ejemplo en eso”, explica Beatriz Quintero, directora de la Red Nacional de Mujeres. 

No es la primera vez que un Presidente de la República incumple esta Ley. En 2012, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el gabinete contó en algún momento con solo cuatro mujeres, es decir, el 25% del total. Entonces, junto con organizaciones feministas, demandamos la elección de tres ministros y, antes de que hubiera una sentencia, Santos decidió ajustar el gabinete.