Hemiciclos: forma geométrica que suelen tener los recintos en que se reúnen los parlamentos. Polígonos de tiro: espacios diseñados para practicar el disparo de armas de fuego de forma controlada.
El proyecto «Hemiciclos para hacerle frente a los polígonos» busca fortalecer los liderazgos y las capacidades organizativas de las mujeres para hacerle frente o al menos resistir ante las respuestas estatales militaristas y los controles militaristas de grupos armados ilegales que cada vez más van en aumento.
Mujeres rurales y urbanas afectadas por la presencia de actores armados asociados al narcotráfico
En Santander de Quilichao, Cauca, nos reunimos treinta mujeres representantes del pueblo nasa (Colombia), del pueblo maya (Guatemala), campesinas de Briceño (Antioquia) y mujeres urbanas de Medellín y Bogotá.
Nuestro objetivo fue trazar el mapa de afectaciones de la política de drogas a este grupo y analizar alternativas en medio de un fraternal diálogo de saberes Colombia-Guatemala, desde nuestra perspectiva feminista, territorial y étnica.
Este encuentro se realizó bajo la coordinación de la Corporación Humanas y el Movimiento Por La Paz el Desarme y la Libertad -MPDL, en alianza con la Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política y con la financiación de Open Society en el marco del proyecto Hemiciclos para hacerle frente a los polígonos.
El intercambio: Abrir camino
Colombia y Guatemala comparten contextos de violencias derivadas de las acciones de los grupos armados relacionados con el narcotráfico, con consecuencias para la seguridad de las mujeres que habitan zonas de cultivo de coca o zonas estratégicas para su procesamiento, transporte o venta tanto en áreas rurales como urbanas.
El intercambio de experiencias fue una oportunidad no solo para compartir nuestras realidades, sino también un diálogo de saberes sobre las prácticas de resistencia no violentas y el rol transformador que juegan las mujeres como actoras políticas y lideresas.
Mujeres consumidoras o con familiares con un uso problemático de drogas, pero también mujeres sembradoras de coca y que le han apostado a la sustitución de cultivos en el marco de la “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”, que se encuentran con innumerables barreras en el cumplimiento del Acuerdo de Paz y padeciendo la criminalidad en sus territorios han hecho parte de un proceso de formación realizado por la Corporación Humanas. Todas ellas esperan que con la política de Paz Total, los problemas de inseguridad que enfrentan día a día en sus territorios disminuyan.
Por su parte, las mujeres de Guatemala que compartieron sus experiencias han hecho parte de los procesos del MPDL con un trabajo focalizado en la prevención de las violencias de género y la atención a víctimas y sobrevivientes de violencias con apoyo de sus organizaciones socias y en el fortalecimiento de defensoras y defensores de derechos humanos. Hoy, con el mandato del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, esperan una política consistente contra la corrupción, los problemas de inseguridad y las deudas históricas hacia el pueblo maya y las mujeres que sufren exclusión y múltiples violencias.
Las problemáticas aquí y allá involucran lo rural, lo urbano, el crimen internacional del tráfico de drogas y las respuestas militaristas en cada una de estas áreas y diversos países.
Las voces y testimonios permiten la reflexión sobre los impactos que las mujeres sufren por la presencia de actores armados vinculados con el narcotráfico.
En esta oportunidad nos conocimos, nos escuchamos, fortalecimos lazos de hermandad, aprendimos juntas y nos encontramos como mujeres. Nos preguntamos por esa práctica ancestral del intercambio como forma creativa y solidaria. Los pueblos indígenas, las comunidades de barrios populares y campesinas de donde vienen las participantes portan milenarias trayectorias de trueque y colaboración: intercambio de semillas, de alimentos, de tiempos productivos y de cuidado son parte de sus historias y vivencias.
La llave de construcción de paz se teje entrelazando luchas, dolores, alianzas y resistencias. Esa fue una de las afirmaciones de nuestro encuentro.
La Experiencia: Tejiendo juntas
Empezamos por un mapeo de la situación de las mujeres con relación a las preguntas: ¿Cómo afecta la presencia de actores armados a las mujeres? Y, asimismo, ¿cómo la respuesta militarizada de la política de drogas ha afectado la seguridad para las mujeres y qué posibilitará una verdadera seguridad para ellas?
Encontramos distintas tipologías de afectaciones a la seguridad y calidad de vida de las mujeres bien sea por la situación estructural de violencias de género, racismo y violación o falta de garantías para el ejercicio de sus derechos de manera integral o por las consecuencias de la política de drogas sobre sus territorios abatidos por los corredores del narcotráfico y las disputas de poder del crimen organizado.
Guatemala
En Guatemala, las mujeres mayas afrontan un conjunto de problemáticas: el racismo, la discriminación, la falta de oportunidades, la exclusión de los espacios de toma de decisiones, la violencia de género, los efectos del consumo de drogas y alcohol por parte de la juventud así como del embarazo adolescente. También ven con preocupación el aumento de suicidios en las mujeres y los feminicidios.
La migración, especialmente hacia Estados Unidos, ha recargado a las mujeres de la responsabilidad de los cuidados no solo de los niños y niñas sino también de las personas mayores, así como de las labores de cultivo y trabajos de sostenimiento del núcleo familiar. Esta situación se vivió más concretamente durante y posterior a la pandemia Covid-19.
Con relación al narcotráfico, hay influencia de actores armados ilegales, en zonas como San Marcos, que colinda con territorios de cultivo de plantas destinadas a la producción de psicoactivos.
La explotación minera en Quetzatenango y San Marcos genera afectaciones no solo de seguridad sino también de impacto para la salud y el medio ambiente por la contaminación de las aguas de lagos y ríos con mercurio. También se refirieron al impacto que causa la presencia de personas extranjeras y empresas privadas en San Miguel, Ixtahuacán. Se trata de una zona con potencial para la explotación del oro sin que esa producción signifique oportunidades de trabajo digno y que garanticen una mejor forma de vida para la población, así como el despojo o venta de tierras.
En Tajumulco e Ixchiguán (municipios de San Marcos) la siembra de marihuana y amapola han propiciado la confrontación entre grupos armados por el control del territorio, es un conflicto que se traslapa con el histórico derivado del que ha enfrentado a estos dos municipios por la construcción de pozos de agua. La destinación de las tierras a estos cultivos ha disminuido la producción de alimentos y la presencia de actores armados ha propiciado la explotación del cuerpo de las mujeres y su utilización para el tráfico y transportación de drogas. Niños, niñas y personas mayores también son instrumentalizados para este fin.
De la misma manera, en departamentos como Sololá y San Marcos (este último fronterizo con México) se ha permeado el narcotráfico y ha generado otras conflictividades como violencias basadas en género contra niñas y jóvenes e impactos en la cultura local con deterioro en la garantía de los derechos humanos de la población local.
Las organizaciones de mujeres a las que pertenecen las participantes del intercambio están trabajando a nivel municipal y departamental para defender los derechos humanos de las mujeres, erradicar las violencias y dar apoyo emocional para que avancen hacia una vida digna y libre de violencias.
Así, por ejemplo, la Asociación Pie de Occidente logró que se abriera un Centro de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (Caimus) ubicado en el departamento de Totonicapán, en el altiplano guatemalteco, con el fin de prestar la atención en asuntos legales, médicos y psicológicos, gracias a lo cual las víctimas reciben acompañamiento y apoyo emocional con terapias de sanación.
REDMUSOVI, no cuenta con un CAIMUS para la atención de las mujeres, sin embargo, es una organización con reconocimiento en el departamento de Sololá, porque a través de su estrategia de acompañamiento, tiene presencia en al menos 12 de los 19 municipios de dicho departamento. Parte de ese apoyo a las mujeres, es la interpretación en los juzgados, la autoprotección, acompañamiento en las denuncias, pero todos estos procesos con pertinencia cultural, garantizando que las mujeres serán atendidas en sus idiomas y con la dignidad que corresponde. REDMUSOVI, ha sido pionera con este modelo de atención y con ello garantiza que las mujeres no están solas y cuentan con ellas para los procesos que se presenten.
La Ley de Desarrollo Económico para las Mujeres, más conocida como Ley DEM (que busca dignificar el trabajo de las mujeres y lograr su empoderamiento económico) y la iniciativa de Ley de participación política y alternancia, son herramientas de participación ciudadana y política por lo que las mujeres las ven como una oportunidad para ejercer sus derechos.
Colombia
En Medellín, la ciudad se organiza en comunas y cada una se divide en sus propios barrios. Con un total de 16 comunas, 249 barrios y 5 corregimientos rurales, la segunda ciudad de Colombia concentra poco más de 2 millones 700 mil habitantes como proyección para el año 2024.
Hay varias comunas emblemáticas por su gestión comunitaria, así como por su afectación en razón del conflicto armado. Otras, como la Comuna 2 que agrupa 11 barrios y 3 asentamientos, algunos con quebradas y nacimientos de agua, permiten activar huertas y proyectos de seguridad alimentaria como el que se compartió durante el intercambio.
En este sector de la capital antioqueña, se menciona la presencia de grupos armados ilegales que despojan a los pobladores para vender sus terrenos y, la misma municipalidad. Asimismo, la construcción informal que afecta a las mujeres por la falta de titulación.
Entre las problemáticas de la ciudad, durante el intercambio se expusieron diversas problemáticas como el escalamiento de violencias de género, desde violencias física, económica, psicológica hasta intentos y la materialización de feminicidios, sin contar con las cifras de trans feminicidios. Según datos de la Procuraduría, entre el 1 de enero y el 3 de julio de 2023, se registraron 1.572 casos de violencia intrafamiliar en Antioquia y 23 feminicidios de un total de 320 en el país.
También se mencionan como hechos que afectan la seguridad de las mujeres y niñas: los negocios de micro y macro tráfico, el endeudamiento en los sistema de presta-a-diario -conocidos como gota a gota-, la explotación sexual, el embarazo adolescente, y la deserción escolar.
Briceño, Antioquia
Briceño es un municipio ubicado a 172 kilómetros de Medellín. Y de la cabecera municipal a la vereda El Orejón donde viven una parte de las participantes, hay 32 kilómetros que se recorren en casi 3 horas por el estado de las vías.
Ubicado al norte de Antioquia, tiene una extensión geográfica de 401 Kilómetros cuadrados de superficie, con una población de casi 9 mil habitantes. Briceño fue escogido como experiencia piloto de sustitución de la coca posterior a la firma del Acuerdo de Paz y la vereda El Orejón como pilotaje del desminado humanitario como parte de la implementación. Allí, con estos dos procesos y de la mano de la comunidad y las autoridades, se creó también la Estrategia Integral de Desarrollo Social y Territorial que le apostó a productos agroecológicos y a la transformación de productos derivados del café.
Es además un municipio ubicado en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, construido sobre el río Cauca, lo que ha traído a la vez problemas como la expulsión de los pescadores, la privatización de los predios y la afectación de caminos ancestrales y generó algunas oportunidades como oferta temporal de trabajo y ayudas para las zonas rurales.
Cuenta con los tres climas: frío, por lo que es apto para el cultivo de papa y legumbres; cálido por lo que se dan muy bien el arroz y variedad de frutas y tiene clima templado que es ideal para el cultivo del café. Es rico en agua, tiene muchas quebradas, y ríos como el ya mencionado Cauca y el río Espíritu Santo. Son tierras muy productivas aptas para diferentes cultivos y proyectos de ganadería.
Hay minería, con concesiones para la explotación del oro y hay minería ilegal, con impactos ambientales y de seguridad que se presentan allí y toda la zona del Nudo de Paramillo, de la que hace parte el municipio de Ituango que le da su nombre a la hidroeléctrica, y otros municipios tanto de Antioquia como de Córdoba.
Es una zona estratégica que tiene páramo, selva y bosques montañosos. Y donde han actuado todos los grupos ilegales en distintas épocas y una de las regiones más afectadas por el conflicto armado interno.
Ha habido grupos guerrilleros (ELN, FARC-EP, Disidencias de las antiguas FARC-EP), paramilitares (AUC, ahora Clan del Golfo y los Caparrapos) y las Fuerzas Militares, debido a su importancia estratégica.
La violencia, los contextos del conflicto armado interno y la pobreza extrema contribuyeron a que muchas mujeres opten por la siembra del cultivo de la coca a partir del año 1998 y luego, frente a la posibilidad de construir un territorio de paz, a manifestar su voluntad de sustituirlo. Pero la violencia del narcotráfico continuó y están aún lejos de alcanzar que sus programas tengan cumplimiento.
Las mujeres identifican múltiples violencias relacionadas con la persistencia del conflicto armado y, a su vez, la dificultad de acceder a derechos fundamentales dentro de las zonas rurales y en el perímetro urbano, como la falta de oferta educativa en el municipio, establecimientos deportivos, así como de servicios de salud y oferta de trabajo.
El mal estado de las vías ha afectado la comercialización de los productos cultivados y adicionalmente no se ha logrado una regulación para garantizar precios justos y estables, lo cual también incide en la disminución en la producción de alimentos en el campo.
La sustitución y el desminado comprometió al gobierno nacional, la ex FARC y la comunidad y dio un parte de tranquilidad que duró un año. Sin embargo, el incumplimiento de los acuerdos fomenta de nuevo la siembra en algunas zonas.
En la memoria de las mujeres está lo que fue tener un ahorro y recursos para complementar el ingreso e incluso lograr independencia financiera, mientras que la coca también generó desplazamiento y reclutamiento forzado, minas antipersona y presencia de grupos armados y el sometimiento a sus órdenes.
Hoy las mujeres participantes reafirman su compromiso por el desarrollo del territorio y el liderazgo comunitario para alcanzar vías, comercialización de los productos agrícolas y oportunidades para las nuevas generaciones.
Grupo Nasa, Norte del Cauca
La región del norte del Cauca, que sirvió de anfitriona para el intercambio, es conocida por las grandes extensiones de terreno dedicadas al monocultivo de caña. Sus grandes ingenios se alzan como históricos centros de poder económico, político y social; en algunos permanecen prácticas feudales en el uso de la mano de obra de personas negras principalmente, pero también indígenas y campesinas.
Es un territorio con una gran diversidad cultural y una trayectoria de resistencia no violenta desde su base social. Figuras emblemáticas como Manuel Quintín Lame y una larga lista de líderes y lideresas han resistido al despojo de tierras, desplazamiento y exterminio de los indígenas. Siempre alzando las banderas y el bastón de mando con la afirmación: “Esta tierra es de nosotros”.
Su plataforma de lucha por las tierras colectivas y la soberanía han sido el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que surgió en 1971 y su filial Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).
Las mujeres en los últimos treinta años han fortalecido los procesos organizativos étnico-territoriales, con un liderazgo y representación en los resguardos, consejos comunitarios, Juntas de Acción Comunal, en la gobernanza estudiantil y en algunos escenarios del movimiento LGBTIQ+.
No obstante, la violencia doméstica, los feminicidios, trans feminicidios, la violencia contra lideresas y defensoras de derechos humanos continúan sin pausa. Desde la perspectiva conceptual y política de las mujeres participantes, todas las violencias ocurren en un contexto de conflicto armado como el colombiano, más allá de que sean actos cometidos por actores armados o no.
El abuso sexual, el reclutamiento forzado, el desempleo, la economía informal, la estigmatización del territorio y los homicidios de líderes y lideresas sociales son algunos de los problemas mencionados por el grupo de participantes de este territorio.
Como señalaron las mujeres nasa durante el intercambio, el norte del Cauca tiene una larga historia de conflicto armado. Las dinámicas del conflicto armado y de la guerra se han transformado a lo largo del tiempo y en el marco de diferentes coyunturas históricas. A raíz de la no implementación del Acuerdo de paz suscrito entre el estado colombiano y las FARC en 2016, el conflicto armado se ha degradado y los actores armados se han diversificado. Hoy, hacen presencia los Frentes Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, quienes se articularon alrededor de lo que hoy conocemos como el Estado Mayor Central (EMC) de las FARC-EP.
El norte del Cauca es una región donde la coca y la marihuana son el motor de la economía regional. Aquí, las disputas por el control territorial y las rutas del narcotráfico entre actores legales e ilegales han propiciado diversas conflictividades sociales y políticas. Desde la perspectiva de las mujeres, para acabar con este ciclo de larga duración de la guerra, se debe, entre otras cosas, insistir en la regulación comunitaria de cannabis porque la «guerra contra las drogas» fracasó. El norte del Cauca ha sido su principal laboratorio, y son las comunidades indígenas, negras y campesinas las que han tenido que vivir en cuerpo propio todos sus desaciertos.
El cultivo y el procesamiento de coca se concentran en municipios como Argelia, en el Cauca, uno de los epicentros de la economía de este cultivo en el país, mientras que al norte de este departamento el cultivo de marihuana es el que impera. Por otro lado, hay municipios donde se ha tratado de detener el impacto de cultivos declarados ilícitos como sucede en el resguardo de Jambaló, por ejemplo, con propuestas de soberanía alimentaria y proyectos productivos (café, fique, frutales) con asociatividad y comercialización colectiva. Allí, se firmó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) que ha sido la estrategia de la política de drogas para reducir la dependencia económica de las comunidades a los cultivos de uso ilícito y ponerle fin al problema de las drogas. Sin embargo, el Estado no ha cumplido.
Las “desarmonías” que la manera como las mujeres nasa nombran los diferentes impactos que generan las violencias que viven, afectan a las personas, a las comunidades y al territorio. El espacio de intercambio sirvió para compartir interrogantes y preguntas. Por ejemplo, ¿Cómo se resuelve un conflicto cuando es gente externa, como un actor armado, el que causa las desarmonías? Frente a esta pregunta, las respuestas son múltiples. Sin embargo, las mujeres coinciden en señalar que la forma como se resuelven los conflictos, “se voltea el sucio y se restablece la armonía y el equilibrio”, es decir, varía en función de si es un actor externo a la comunidad o si es alguien de la comunidad.
La responsabilidad de protección, así como de transformación de estas realidades en el territorio, son asumidas colectivamente por las comunidades, incluso niños y niñas y mayores y mayoras mediante gobiernos comunitarios e instancias como la guardia indígena. Esta perspectiva de protección y defensa de la vida a través del ejercicio de autoridad, del control territorial y de la profundización de la autonomía, ha permitido defender de manera pacífica el plan de vida de los pueblos y es protectora del pensamiento, los derechos humanos, la autonomía y la cultura propia frente a los fuertes impactos del conflicto armado en su territorio y ante otras violencias. También ha sido una alternativa para que los niños, las niñas y sobre todo los jóvenes no se sientan atraídos por los grupos armados, encuentren en la guardia un sentido de pertenencia y una forma de autoprotección.
Formación
Previo al encuentro de intercambio, en Colombia realizamos cinco talleres de formación con acciones prácticas de implementación de los conocimientos y acciones de incidencia.
Taller 1: Identificamos las problemáticas que enfrentan tanto las mujeres rurales de Briceño y las urbanas de Medellín, así como el análisis de la política de drogas y el incumplimiento de lo establecido en el punto 4 del Acuerdo de Paz (en Seguridad / salud pública / respuesta a sustitución de cultivos).
Taller 2: Trabajamos en la agenda de mujeres, paz y seguridad y reunimos los aportes de mujeres campesinas y urbanas para la construcción participativa del Plan Nacional de Acción de la Resolución 1325, en apoyo a la estrategia consultiva del gobierno colombiano.
Taller 3: Revisamos la propia experiencia de inseguridad sufrida por las mujeres afectadas de una u otra manera por la política de drogas. Y comenzamos a conocer el papel de Guatemala en la dinámica del narcotráfico y los impactos de la política de drogas en ese país.
Taller 4: Nos entrenamos en la construcción de mensajes asertivos, en el mejoramiento de nuestra comunicación verbal y en herramientas discursivas para la incidencia que logren empatía.
Taller 5: Construimos un mapa de actores, identificamos oportunidades y estrategias de incidencia y realizamos una práctica con la Secretaría de la Mujer de Antioquia.