Luz Piedad Caicedo (2008, mayo)
La mayoría de las aproximadamente 93.000 víctimas que acudieron hasta finales del 2007 a la Ley 975 de 2005 -conocida como “Ley de Justicia y Paz”- son mujeres, buena parte de ellas de origen rural, con recursos inferiores a un salario mínimo legal, no tienen claridad sobre el proceso que se adelanta en el país contra los paramilitares ni con asesoría legal por parte del Estado colombiano.
Muchas de estas mujeres que han acudido a la Ley 975 lo han hecho en tanto víctimas del sufrimiento emocional causado por la violación al derecho a la vida y libertad de sus esposos, compañeros o hijos asesinados o desaparecidos por paramilitares . Pocas han buscado conocer la verdad, que se haga justicia y se las repare por haber sido ellas víctimas
de los delitos de desplazamiento u otro tipo de violencia. Muchas, en opinión de uno de los abogados representantes de las Madres de La Candelaria , han acudido a la justicia porque ya no tienen nada que perder; la vida de sus seres queridos era lo más valioso que tenían; frente a su desaparición o su muerte no importa lo que venga.