Por Leslie Paz, profesional de la línea de Mujeres y construcción de paz.
Las mujeres defensoras se encuentran en una situación de riesgo ampliado: su liderazgo desafía simultáneamente las normas patriarcales, las lógicas de los actores armados y los intereses de quienes se benefician de economías ilegales y extractivas.
Durante cinco años, la Corporación Humanas ha realizado encuentros anuales con defensoras de derechos humanos, cinco años que han permitido develar que el riesgo que enfrentan las defensoras de derechos humanos no puede entenderse únicamente como un efecto colateral del conflicto armado; es, más bien, la manifestación de un entramado de desigualdades históricas que se actualizan y profundizan en contextos de militarización, extractivismo y disputa electoral (Humanas, 2022; Humanas, 2025). A través de los relatos, análisis territoriales y ejercicios colectivos realizados en estos encuentros, se ha hecho evidente que la violencia contra las defensoras no surge de manera aislada: es el resultado de un entramado profundo de opresiones patriarcales, raciales, coloniales y armadas que definen quién puede participar en lo público, quién puede reclamar derechos sobre la tierra y el territorio, y quién puede ejercer liderazgo sin ser silenciada o castigada por ello (Defensoría del Pueblo, 2022; Humanas, 2023).
En los territorios del Chocó, Montes de María, sur de Córdoba, Antioquia, Cauca, Putumayo y Nariño, donde confluyen múltiples actores armados y economías ilegales, las mujeres que participan en procesos de restitución de tierras, protección del territorio, defensa ambiental, exigibilidad del Acuerdo de Paz o liderazgo comunitario están expuestas a amenazas, confinamientos, desplazamientos, violencia sexual, vigilancia de sus movimientos y agresiones directas contra sus familias (Defensoría del Pueblo, 2024; las mujeres defensoras se encuentran en una situación de riesgo ampliado: su liderazgo desafía simultáneamente las normas patriarcales, las lógicas de los actores armados y los intereses de quienes se benefician de economías ilegales y extractivas. Entre corrientes profundas: cinco años caminando con las mujeres que tejen la resistencia, Informe Audiencia Defensorial Chocó, 2024; Informe Audiencia Defensorial Antioquia, 2024).
Además, el conflicto armado opera como una capa más sobre estructuras que preceden a la guerra, pero que encuentran en ella oportunidades para intensificarse. En territorios donde la presencia del Estado es débil o selectiva, la militarización no solo busca controlar el orden público, sino que se convierte en un dispositivo de poder que redibuja los límites de la vida cotidiana (Somos Defensores, 2025). En estos escenarios, las mujeres defensoras se encuentran en una situación de riesgo ampliado: su liderazgo desafía simultáneamente las normas patriarcales, las lógicas de los actores armados y los intereses de quienes se benefician de economías ilegales y extractivas. La violencia que enfrentan no es accidental, sino estructural; surge cuando su voz intenta abrir grietas en sistemas diseñados para excluirlas (Humanas, 2024; Defensoría del Pueblo, 2022).
El avance de economías extractivas y criminales refuerza estas amenazas, convirtiendo la tierra y los cuerpos en objetos de disputa. En regiones donde actores armados controlan rutas estratégicas para el narcotráfico, corredores mineros o enclaves agroindustriales, la violencia sexual, las amenazas, el desplazamiento y el confinamiento operan como herramientas de control social (Defensoría del Pueblo, 2024). Las defensoras que se oponen a estos proyectos, o que acompañan procesos de restitución, reciben ataques que pretenden fragmentar el tejido comunitario y anular su incidencia política. En particular, las mujeres indígenas y afrodescendientes deben enfrentar violencias cruzadas que combinan racismo, violencia sexual y despojo territorial, reproduciendo lógicas coloniales que aún estructuran la relación entre el Estado, el territorio y las comunidades (Humanas, 2023; Defensoría del Pueblo, 2022).
Los ciclos electorales añaden otra capa de riesgo, pues convierten a las defensoras en obstáculos para quienes buscan capturar el poder local mediante prácticas de intimidación, estigmatización o violencia directa (Somos Defensores, 2025; Defensoría del Pueblo, 2022). La contienda electoral intensifica los ataques porque las lideresas desafían pactos patriarcales de gobernabilidad informal y cuestionan intereses asociados a economías ilegales y estructuras clientelares. Con frecuencia, el escenario electoral se convierte en un terreno donde se desata con mayor fuerza la violencia política, dirigida a expulsarlas del espacio público y limitar su capacidad de incidencia (Defensoría del Pueblo, 2024). También los ciclos electorales intensifican el peligro porque reconfiguran las disputas por el poder local. Las mujeres lideresas, candidatas o acompañantes de comunidades entran en el centro de la contienda política, donde la estigmatización, los panfletos intimidatorios, la manipulación de la opinión pública y la violencia directa se utilizan como herramientas para moldear los resultados electorales (Somos Defensores, 2025). Así, la democracia, en vez de ser un espacio de ampliación de derechos, se transforma en un escenario donde se reproduce la violencia de género de forma más marcada (Defensoría del Pueblo, 2022; Humanas, 2024).
Adicionalmente, la respuesta estatal es insuficiente y fragmentada. La activación de alertas tempranas, los procedimientos de protección y los mecanismos institucionales de prevención funcionan tarde, de manera reactiva y sin articulación (Defensoría del Pueblo, 2024). La desconfianza hacia las instituciones —por corrupción, inoperancia o alianzas con actores armados— profundiza la vulnerabilidad de las mujeres, que terminan dependiendo de redes comunitarias, organizaciones sociales y mecanismos propios de autocuidado (Humanas, 2023). En varias regiones, las defensoras afirmaron que los esquemas de protección no incorporan un enfoque feminista ni diferenciado, lo que impide entender que sus riesgos provienen no solo del liderazgo político, sino de su condición de mujeres, de su rol en la comunidad y de su relación con el territorio (Somos Defensores, 2025; Humanas, 2025).
El territorio donde actúan las defensoras se parece a un río caudaloso cuya superficie puede parecer tranquila, pero cuyas aguas profundas esconden corrientes poderosas que arrastran con fuerza. El conflicto armado es solo una de esas aguas visibles; debajo fluyen otras corrientes: racismo, patriarcado, extractivismo, disputa electoral, entre otras, que, al encontrarse, generan remolinos que ponen en riesgo la vida y la labor de las defensoras. Sus riesgos no provienen únicamente de los hechos de violencia directa, sino de esas fuerzas estructurales históricas que sostienen la desigualdad y que se vuelven más turbulentas en ciertos momentos del ciclo político o económico.
Lo anterior representa un enorme desafío en el contexto colombiano. Cuando hablamos de garantías para que las mujeres puedan ejercer su labor de defensa de los derechos humanos, no nos referimos únicamente a condiciones de seguridad física o a la ausencia de ataques directos; hablamos, sobre todo, de la existencia de entornos políticos, institucionales, económicos y socioculturales que posibiliten su participación plena y libre de violencias. Garantizar la labor de las defensoras implica desmontar estructuras históricas de discriminación y desigualdad que limitan su agencia, así como transformar los sistemas de poder que reproducen la subordinación de sus liderazgos en el ámbito comunitario, territorial y nacional (Humanas, 2023).
La desconfianza hacia las instituciones —por corrupción, inoperancia o alianzas con actores armados— profundiza la vulnerabilidad de las mujeres, que terminan dependiendo de redes comunitarias, organizaciones sociales y mecanismos propios de autocuidado
Ello supone considerar que la protección no se reduce a la activación de rutas o esquemas de seguridad, sino que requiere acceso a la tierra, autonomía económica, reconocimiento político, participación efectiva en los espacios de toma de decisiones, fortalecimiento organizativo y justicia ante las violencias que las afectan. De igual manera, demanda instituciones que entiendan el riesgo desde un enfoque feminista e interseccional, capaces de reconocer que las amenazas que enfrentan no son aisladas, sino parte de un continuum de violencias que abarca desde el ámbito doméstico hasta las dinámicas armadas y electorales de sus territorios (Somos Defensores, 2025).
Hablar de garantías es, por tanto, hablar de condiciones de dignidad, de la capacidad de las mujeres para habitar sus territorios sin miedo, para participar en la vida pública sin ser castigadas, para liderar procesos comunitarios sin ser señaladas o silenciadas, y para defender los derechos de sus comunidades sin asumir que su propia vida o la de sus familias está en riesgo (Humanas, 2023). Garantizar su labor implica también reconocer que la defensa de los derechos humanos es un trabajo político y comunitario que enfrenta intereses armados, económicos y patriarcales, y que por ello exige respuestas estatales estructurales, integrales y contextualizadas.
En últimas, avanzar en las garantías para las defensoras implica transformar las condiciones que hacen posible la violencia en su contra: la desigualdad de género, el racismo estructural, la concentración de tierras, la captura armada de los territorios, la precarización de la vida rural, la impunidad y la ausencia o selectividad del Estado (Defensoría del Pueblo, 2022). Solo así será posible que su labor deje de ser un acto de resistencia cotidiana y se convierta en un ejercicio legítimo y protegido en una democracia que reconozca plenamente los aportes de las mujeres a la paz, la justicia y la defensa del territorio.
Las mujeres no renuncian a su papel como sujetas políticas. Construyen redes, sostienen procesos organizativos, realizan control ciudadano, defienden la tierra y los territorios, y reivindican derechos colectivos. Su agencia política desafía la violencia estructural, desnaturaliza el orden patriarcal y exige al Estado acciones de protección integrales y transformadoras (Humanas, 2023; Somos Defensores, 2025). En conjunto, estos cinco años nos revelan una conclusión contundente: la lucha por la tierra y el territorio, cruzada con los ciclos electorales y las violencias armadas, constituye hoy el mayor desafío para garantizar la participación segura y efectiva de las mujeres defensoras de derechos humanos en Colombia.
En conjunto, los hallazgos de estos cinco años muestran que los riesgos para las defensoras son parte de un continuum de violencias que atraviesan los territorios y las instituciones. Por ello, las medidas de protección no pueden ser únicamente reactivas ni individualizadas; requieren transformaciones estructurales que desmonten las causas profundas de la violencia y que reconozcan a las mujeres como actoras políticas centrales en la construcción de paz (Humanas, 2023).
- Corporación Humanas. (2022). Informe del 3º Encuentro de Defensoras de Derechos Humanos.
- Corporación Humanas. (2023). Sistematización del Encuentro en torno a obstáculos y oportunidades para los Comités de seguimiento a las medidas de género.
- Corporación Humanas. (2023). Entre la tormenta y la calma chicha: Situación dederechos humanos en quince municipios de Chocó y tres del Oriente antioqueño.
- Corporación Humanas. (2025). Relatoría V Encuentro Defensoras de Derechos Humanos.
- Defensoría del Pueblo. (2022). Audiencia defensorial Chocó. Defensoría del Pueblo. (2022). Audiencia defensorial Antioquia.
- Naciones Unidas–Consejo de Seguridad. (2000). Resolución 1325 (2000) sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Naciones Unidas. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/1759.pdf
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). (2024). Informe de la situación de personas defensoras de derechos humanos en Colombia.
- Programa Somos Defensores. (2025). Informe trimestral: Sin Protección (enero–marzo 2025).
- Programa Somos Defensores. (2024). Informe anual de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos.