Desde la sociedad civil de mujeres reconocemos los avances en materia de inclusión de las violencias en la agenda estatal, tanto en el ajuste normativo como en las políticas públicas, y en los temas de relevancia social en general. En materia de prevención, se encuentran una multiplicidad de acciones a cargo de diferentes sectores, pero su implementación es precaria y se cuenta con poca información de impacto.
En Colombia, se resalta la solidez del proceso de ajuste normativo, pero su poca conexión con las transformaciones sociales requeridas para prevenir las violencias contra las mujeres. Esto puede explicar por una tendencia a confiar en la eficacia simbólica de las normas[1], donde la norma no solo establece obligaciones, acciones o procedimientos, sino que se instaura como representación y significado de la relación ciudadanía-Estado, pero que conlleva a aparentar la recepción de las demandas y necesidades sociales que a su vez generan un respaldo político, mientras que poco contienen las normas de acciones concretas y en particular de un monitoreo sobre su efectividad.
La precaria voluntad política, muchas veces solo presente en la expresión de promesas políticas, se evidencia en la persistencia de barreras a una atención, prevención, protección y sanción contra las violencias por el hecho de ser mujer. En el análisis de la información, se observa que, a pesar de las leyes, decretos, resoluciones y políticas públicas, existe una amplia resistencia del Estado como cuerpo abstracto y en la acción individual de cada funcionario, al reconocimiento de la desigualdad de poder entre hombres y mujeres, a la integración de los derechos humanos de las mujeres, al cuestionamiento de los estereotipos y prejuicios de género. En las acciones estatales persiste el enfoque familista, donde las violencias contra las mujeres solo son parte de una errada conducción de la familia, a lo que se suma una agenda antiderechos que va aumentando su espacio en un Gobierno Nacional de derecha.
El documento se encuentra dividido en tres partes. La primera brinda un rápido diagnóstico de la persistencia y la gravedad sostenida de las violencias contra las mujeres en Colombia. La segunda es un recorrido por el marco legal, jurisprudencial y de políticas públicas para el cumplimiento de la erradicación de las violencias contra las mujeres, a nivel internacional y nacional. La tercera parte, muestra el balance del cumplimiento, primero en un breve abordaje general de las acciones en comunicaciones, trabajo y salud, y luego profundizando en tres ámbitos de la prevención, desde los sistemas de información, a través de las medidas de protección y atención a las víctimas de violencias, y en el sector educativo.
[1] Ver: García Villegas, Mauricio. La eficacia simbólica del derecho.
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