Hoy es posible afirmar que las víctimas de la guerrilla de las FARC-EP en Colombia cuentan con mayores garantías de acceso a la justicia, que las víctimas de miembros del Estado condenados, procesados o señalados de conductas delictivas en el marco de la guerra. La Justicia Especial para la Paz está dejando blindadas las responsabilidades por graves violaciones a derechos humanos.
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