Las condiciones en las que viven las personas privadas de la libertad en Colombia, estu00e1n determinadas por el hacinamiento, pero, ademu00e1s, incluyen: falta de suministro de agua de manera permanente, entrega de comida en descomposiciu00f3n, bau00f1os insuficientes y en mal estado, falencias en la prestaciu00f3n de los servicios de salud, entre ellas la falta de personal mu00e9dico y psicolu00f3gico, no entrega de medicamentos.
Esta situaciu00f3n general, afecta de forma diferencial a las mujeres en prisiu00f3n y vulnera de manera sistemu00e1tica los derechos de las mujeres en prisiu00f3n de los que trata las Reglas Bangkok. Ademu00e1s, son las condiciones propicias para que el contagio por COVID-19, fuera acelerado y masivo al interior de los establecimientos de reclusiu00f3n, lo cual ha representado un grave riesgo para la salud, integridad y la vida de las personas privadas de la libertad.
La garantu00eda del derecho de acceso a la salud para las mujeres ha sido unas de las deficiencias del sistema penitenciario y carcelario en Colombia. Con la llegada de la COVID-19, el Gobierno Nacional adoptu00f3 e implementu00f3 medidas de confinamiento, restricciu00f3n de movilidad, de bienes y servicios. El Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario u2013 INPEC, crearon medidas de prevenciu00f3n del contagio y atenciu00f3n de la pandemia, que no lograron el objetivo y, ademu00e1s, profundizaron la vulneraciu00f3n de derechos.
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