Una oficina operada por el Ministerio Público y liderada por la Defensoría del Pueblo empezó a funcionar en el Complejo Carcelario y Penitenciario de alta y mediana seguridad de Medellín, Pedregal, con el fin de escuchar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres privadas de la libertad.
Esta iniciativa permitirá prevenir y atender violencias basadas en género, recibir quejas y denuncias de vulneraciones en el contexto penitenciario, brindar orientación jurídica, activar rutas de atención, y revisar la aplicabilidad de beneficios jurídicos como los relacionados con la Ley de Utilidad Pública.
La iniciativa se materializa a partir de los compromisos adquiridos por las instituciones en la Mesa técnica de seguimiento a la situación de vulneración de derechos en la reclusión de mujeres, convocada por el Ministerio de Justicia en febrero de 2025.
La mesa se instaura por las denuncias de presunta violencia sexual a dos mujeres privadas de la libertad por parte de funcionarios del INPEC y del operativo realizado en el Patio 18 en las mismas fechas, en el cual el INPEC ejerció un excesivo uso de la fuerza y abuso de poder.
Gracias al Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Personería de Medellín y el INPEC, con el apoyo de la Corporación Humanas y la Universidad de los Andes, como miembros de la Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión, logramos abrir este espacio que garantizará una presencia cercana y efectiva del Ministerio Público para la protección de los derechos de las mujeres privadas de la libertad.
La apertura de esta oficina funciona como una experiencia piloto que podría replicarse en otros centros penitenciarios del país, en la medida que es una intervención concreta para acercar la justicia a quienes más lo requieren.
Se reafirma así el compromiso de las organizaciones acompañantes y las instituciones con una política penitenciaria humanizada, con enfoque de género y centrada en la dignidad.
El lanzamiento de la oficina contó con la presencia de la institucionalidad involucrada y las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado este proceso. No obstante, un hito importante de esta apertura fue la ceremonia de graduación de las mujeres privadas de la libertad representantes del Comité de Derechos Humanos de cada uno de los patios y las mujeres beneficiarias del proyecto Reglas del Quibdó.
Las mujeres en cuestión, realizaron jornadas de formación en Ley de Utilidad Pública entre otros subrogados penales, elaboración y comprensión del derecho de petición y acción de tutela. Dicha formación fue ofrecida por el Laboratorio de Justicia y Política Criminal, la Corporación Humanas y el Grupo de Prisiones de la Universidad de Los Andes. Este Comité de Derechos Humanos será un actor clave en derivar denuncias y quejas desde los patios a la oficina del Ministerio Público.
