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Dos latinoamericanas postuladas para integrar la Corte Penal Internacional

18 de septiembre de 2009. Sudamérica ya cuenta con la postulación de dos destacadas mujeres abogadas para ser juezas del tribunal penal internacional. Son ellas la chilena Cecilia Medina, actual presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Silvia Fernández, abogada argentina y directora general de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina.

La Corte Penal Internacional (CPI) es un órgano de justicia internacional que juzga los más graves crímenes internacionales como los de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra. Está ligada al sistema de Naciones Unidas desde el 2002 y se encuentra integrada por 18 jueces y juezas, elegidos por sus competencias en derecho penal y procesal y en áreas de derecho internacional por un período de nueve años.

Actualmente 4 jueces representan los Estados de América Latina y el Caribe en la CPI. De éstos, dos son mujeres: las juezas Sylvia Steiner, de Brasil y Elizabeth Odio Benito, de Costa Rica.
Tanto en Cecilia Medina como en Silvia Fernández se reconoce su experiencia y trayectoria en las áreas del Derecho penal y del derecho internacional de los derechos humanos.

Cecilia Medina
es abogada y doctora en Derecho de la Universidad de Utrech, Holanda, y co – directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Integró por 8 años el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; siendo su Presidenta entre los años 1999 y 2000.

Silvia Fernández
, es abogada y doctora en Derecho de Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con 20 años de experiencia en Derecho Internacional; Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Por más de una década condujo el proceso de creación de la CPI; en particular, coordinando al grupo que elaboró su procedimiento penal.

La postulación de Cecilia Medina, y Silvia Fernández como juezas de la Corte Penal Internacional cuenta con el apoyo de la Articulación Regional Feminista, integrada por diversas organizaciones que trabajan en derechos humanos y justicia de género en los países de la región, entre ellas Corporación Humanas.