Presentan Informe Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género

Bogotá, 23 de julio de 2009. El informe da cuenta de la situación de los derechos humanos y la justicia de género en 6 países de América Latina entre el 2004 y el 2008.

Los países estudiados fueron Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia que aunque han ratificado tratados internacionales de derechos humanos, incluso incorporándolos en sus constituciones políticas, su alcance aún no se refleja en políticas públicas o en sistemas jurídicos que aseguren el goce efectivo de los derechos humanos ratificados por los Estados.

Cecilia Barraza, directora del Informe en Colombia, enfatizó que el Informe es promovido por la Articulación Regional Feminista, la cual a través de una estrategia de incidencia en la región promueve la inclusión de los más altos estándares en materia de derechos humanos de las mujeres y justicia de género en cada país.

“En este Informe realizamos una investigación sobre el estado del reconocimiento y protección de los Derechos Humanos de las mujeres. Revisamos qué pasó con el tema de democracia y participación, con las familias y autonomía de las mujeres, con la situación de violencia y acceso a la justicia, el derecho a la reparación a graves violaciones de derechos humanos, y el derecho al trabajo”, dijo.

El Informe señala que en el período estudiado fue importante la bonanza económica vivida en casi todos los países y la presencia de democracias formales para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero en todos los países se encontró que los sistemas políticos han sido incapaces de garantizar la igualdad y autonomía de las mujeres y su acceso a la justicia.

En ámbitos como la familia se encontró que en ésta se siguen multiplicando diversas formas de discriminación y formas de violencia, y perpetuando estereotipos sobre el rol de hombres y mujeres. Una de las noticias más relevantes en este contexto fue la Ley de Matrimonio Civil aprobada en Chile, el derecho al aborto en Colombia y los cuestionamientos en Argentina a las políticas públicas que tienen como objetivo las familias, así como la inclusión del reconocimiento de la familia de diversos tipos en la Constitución de Ecuador.

Respecto a la violencia y acceso a la justicia, el Informe muestra que aunque hay una proliferación de leyes y normas, no hay legislaciones nacionales integrales sobre violencia contra las mujeres. Sobre el tema se resalta el caso colombiano, al ser aprobada en el 2008 una ley integral para prevenir y sancionar formas de violencia y discriminación contra las mujeres, que aún no ha entrado en vigencia debido a la objeción del Estado.

Hay un reporte sobre características comunes en los casos de violencia sexual en todos los países. Las mujeres no se reconocen como víctimas directas de la violencia. Esto porque sienten que recaen sobre ellas la vergüenza, la culpa y el estigma social. En los casos en los cuales la violencia sexual ha ocurrido en medio de la represión o el conflicto, las mujeres son juzgadas por las sociedades como responsables del delito. Asimismo, la violencia sexual adoptó diferentes formas como desnudez forzada, embarazos y abortos forzados. Hay un subregistro de los casos, obstáculos para acceder a la justicia y se considera el delito como uno de menor gravedad. Se encontró que los principales responsables de la violencia sexual son los agentes estatales. En Perú, por ejemplo, el 83 por ciento de los agresores fueron miembros de las Fuerzas Armadas.

En lo que tiene que ver con el derecho al trabajo, el Informe señala que aunque en la región hubo un alto crecimiento económico este no representó una mayor actividad económica femenina, así como tampoco una mejora en sus condiciones de vida. No promovió la integración de las mujeres al mercado laboral ni estimulo su participación económica.

Hay una concentración de mujeres en segmentos de empleo que tienen menores beneficios y derechos que el resto de los trabajadores/as y que las excluye de sistemas de seguridad social. La diferencia de salarios y la desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres muestran una brecha a favor de los hombres, sin importar los años de estudio, siendo mayores las diferencias presentadas entre las mujeres y los hombres con 13 años de estudios y más.

Sobre la participación política de las mujeres se destaca su aumento en la última década aunque sus intereses no se ven representados en escenarios de poder, ni se ha alcanzado la paridad en el poder ejecutivo y judicial y en ocupar altas jerarquías en proporciones significativas. Se presentan limitaciones de las leyes de cuotas y se ve como falta inclusión de las mujeres en los partidos políticos y los regímenes electorales restringen las posibilidades de representación y participación.

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Francy Barbosa.
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